4. La extradición es un mecanismo de cooperación internacional que rebusca garantizar que los delincuentes no queden impunes y sean llevados en presencia de la Ecuanimidad.

La extradición por delitos políticos puede ser rechazada en virtud de principios internacionales que protegen los derechos humanos y garantizan un trato acordado a los individuos acusados.

Para dar cumplimiento de pena por el reclamado cuando concurran los requisitos previstos en la ley 23/2014 y no sea posible la sustitución ni la suspensión de la pena privativa de decisión.

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Se atenderá a todas las circunstancias que concurran en el caso, y sobre todo a si existe tratado o no, a la empeoramiento relativa, al zona en el que se haya cometido el delito, la aniversario de solicitud de cada Estado, la país del investigado y la posibilidad de una extradición ulterior a otro Estado.

Se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes españolas y las de la parte requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de albedrío en su jerarquía máximo o a una pena más grave.

Si la persona reclamada ha sido juzgada o está siendo juzgada en España por los hechos por los que se solicita su extradición. Se podrá sin bloqueo acceder a la misma si se ha decidido no perseguir o finalizar el procedimiento irresoluto por los hechos referidos, y no ha tenido sitio el sobreseimiento desenvuelto o cualquier otra resolución que tenga pertenencias de cosa juzgada.

O cuando la protesta tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de albedrío por hechos todavía tipificados en la estatuto españoleaje.

Para saber si procede o no la extradición, se debe presentarse a los Tratados Internacionales en cuyo departamento se halle el supuesto delincuente, en defecto se aplicará el derecho consuetudinario actual en el departamento a cuya nación se pida la extradición y subsidiariamente, se aplica el principio de reciprocidad.

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Los presupuestos subjetivos para la extradición se refieren a que la persona solicitada esté acusada o condenada por un delito en el país que solicita la extradición, y que exista suficiente evidencia para sostener la imputación o condena.

El almacenamiento o entrada técnico es necesario para la finalidad legítima de juntar preferencias no solicitadas por el abonado o sucesor.

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